Efectos de la aplicación de la normativa derivada del Protocolo de Kyoto en la actividad industrial española

Resumen

El Protocolo de Kyoto enmarcado dentro del Convenio Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, consiste en una serie de medidas encaminadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por los países industrializados. El compromiso obliga a limitar las emisiones conjuntas de seis gases (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC y SF6) durante el periodo 2008-2012, tomando como año de referencia 1990 para los tres primeros gases y 1995 para los restantes. Entró en vigor el 16 de febrero de 2005, y actualmente, el número de países que lo han ratificado es de 141 que suman el 61,6% de las emisiones. España, ha aumentado sus emisiones un 45% desde 1990 cuando se había comprometido a una subida máxima del 15% hasta el 2012, esto ha hecho que nuestro país sea el más alejado de lo comprometido en Kyoto de toda la Unión Europea, en una clara muestra que los mecanismos puestos en marcha para su implantación están aún lejos de ser eficaces. Estos mecanismos, en los países industrializados, pasan por el fomento de las energías renovables, la implantación de tecnologías menos contaminantes y mejores sistemas de generación y consumo de energía. Las empresas deben ajustarse a su cuota de emisión asignada regulada por el plan nacional de asignación (PNA) (R.D. 1866/2004 para el periodo 2005-2007). Se ha adjudicado a los países firmantes “derechos de emisión”, lo que ha creado un mercado regulado en España por el Real Decreto ley 5/2004, donde se pueden comprar y vender estos derechos. En esta normativa se regula a su vez las autorizaciones para la emisión de los gases por parte de las empresas afectadas. En esta comunicación se analiza la situación en que se encuentra España un año después de la puesta en marcha del compromiso de Kyoto, que proyectos y acciones se deben implantar para acercarse a los límites que tiene nuestro país, así como una valoración económica de los costes que la adaptación a los límites señalados supone para las empresas energéticas que son las principales interesadas en este proceso en cuanto a implantación de nuevas tecnologías y desarrollo de proyectos que contribuyan a disminuir las emisiones.