La política colombiana de impulso a la producción de biocombustibles líquidos de primera generación y sus efectos sobre el desarrollo rural

Zusammenfassung

La presente investigación se circunscribe a la región Caribe colombiana. Una parte se centra en el ámbito geográfico del municipio de María La Baja (tres barrios y dos corregimientos; Chumbún, Puerto Santander, Arroyo Abajo, Retiro Nuevo y Nueva Florida, respectivamente). La subregión Montes de María goza de atractivos naturales y culturales que la hacen un destino propicio para el turismo rural de naturaleza y comunitario; cuenta con bosques secos tropicales, manglares, ciénagas, lagunas, una gran variedad de flora y fauna, zonas de reserva natural como el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, además posee una tradición histórica de producción agrícola que la constituyeron en despensa del caribe Colombiano dada la abundante oferta de alimentos cultivados por los campesinos del territorio y que hacen parte de la dieta de la población ubicada en la zona norte del país, como el maíz, arroz, aguacate, el café y el plátano. El municipio de María La Baja, sin embargo, al igual que otras zonas de la subregión, presenta altos indicadores de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, una alta tasa de desempleo, un mínimo porcentaje de personas que hayan terminado la educación media y superior, además de un alto nivel de informalidad en el desarrollo de actividades económicas y el cultivo de la palma para la producción de biodiesel, no ha contribuido a mejorar los indicadores del municipio. Otra parte de la investigación se centra en los corregimientos de Caño del Oro y Bocachica de la isla de Tierra Bomba en el Caribe colombiano. De gran riqueza histórica y cultural, estos corregimientos ubicados a tan solo unos minutos de los barrios más ricos de la ciudad de Cartagena de Indias (Bocagrande y Castillogrande), tiene condiciones de precariedad similares a las descritas anteriormente. La tesis se encuentra dividida en cuatro capítulos. El primero es la introducción y describe los propósitos de la investigación y la metodología. Allí se explican los antecedentes, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación e hipótesis, los objetivos y el enfoque metodológico. El segundo capítulo contiene el marco teórico donde se abordan cuatro temas sobre los cuales se sustenta la investigación: a) ruralidad, b) energía renovable, c) turismo de naturaleza y comunitario y d) ambiente; realizando un análisis crítico, donde se explica la importancia, relaciones y dilemas que entrañan estos ejes para el desarrollo sostenible. Bajo este esquema se hace referencia en primera medida al concepto de neoruralidad, en tanto el espacio rural ya no ofrece únicamente productos agropecuarios sino también servicios comerciales, turísticos, energéticos, entre otros, y además goza de procesos propios y diferenciados de desarrollo conforme a las características sociales y culturales de cada comunidad. Se explica asimismo la importancia de considerar la riqueza cultural y ambiental como activos, de modo que sean valorados por la comunidad y protegidos de las intervenciones que generan deterioro y pérdida de los mismos. También se expone el enfoque de medios de vida, marco de análisis de la presente investigación, como una forma participativa y colaborativa de explicar los recursos, capacidades humanas, actividades con las cuales se obtienen ingresos para poder cubrir las necesidades actuales y revisar si es sostenible el uso de los recursos, esto es, que la disposición que se haga de los mismos en el presente no comprometa la forma en que obtienen los recursos las personas de las siguientes generaciones. En este capítulo de igual manera se describe la normativa relacionada con el impulso a la producción de biocombustibles líquidos de primera generación, considerada fuente renovable porque la biomasa es obtenida de productos agrícolas como la caña de azúcar, y oleaginosas como la palma de aceite. También se indican las consideraciones más relevantes del turismo rural de naturaleza y comunitario, esto es, la normativa vigente y las potencialidades para Colombia. Asimismo, se realizan aproximaciones teóricas al desarrollo sostenible, finalizando el capítulo con la descripción de los objetivos globales de desarrollo sostenible - ODS y una especial mención de los efectos del cambio climático en cuanto a la relación que tiene con la biodiversidad y la agricultura. A continuación, el tercer capítulo aborda el marco contextual de la investigación, esto es la región Caribe colombiana, y la potencialidad que tiene en materia de energía renovable. Seguidamente se describe la subregión de Montes de María y la isla de Tierra Bomba, con las características socio-económicas, culturales, ambientales e institucionales, más relevantes. En el cuarto y quinto capítulo se describen los resultados del desarrollo metodológico. En el cuarto capítulo se analiza la evolución del cultivo de palma de aceite como consecuencia de la política de impulso a los biocombustibles líquidos de primera generación y sus efectos en los medios de vida de las comunidades rurales para el caso del municipio de Maria La Baja. Asimismo se explica la incidencia que tiene el cultivo de agroenergéticos y en general, la producción de fuentes de energía consideradas renovables, en otros sectores como el turismo de naturaleza y rural comunitario; mostrando factores de complementariedad y de conflicto para el desarrollo sostenible. Finalmente, en el quinto capítulo, tomando en cuenta la problemática encontrada en la gestión y disposición final de los residuos del municipio de María La Baja, se realiza una propuesta alternativa de generación de energía, que además no daña los ecosistemas y contribuye al desarrollo humano y rural sostenible de los habitantes locales. La obtención de biogás (biocombustible gaseoso) a partir de residuos orgánicos domiciliarios, hace más eficiente la gestión de los residuos en comunidades que no cuentan con alcantarillado ni infraestructura sanitaria, evita el alto consumo de agua que sí requiere la palma de aceite; cada familia marialabajense, disponiendo de un biodigestor doméstico, puede utilizarlo para cocción de alimentos y encendido de lámparas, disminuyendo el uso de la leña y del gas combustible. Para dar mayor robustez a la propuesta, se realiza el análisis de medios de vida para los corregimientos de Caño del Oro y Bocachica, donde se evidencian problemas similares en cuanto a la gestión de residuos, que hacen pertinente la puesta en marcha de un proyecto de biogás. A mediana escala, con apoyo gubernamental e inversión en investigación y desarrollo e infraestructura tecnológica, se puede beneficiar a corregimientos, municipios y departamentos y bajo un esquema colaborativo de co-diseño y solidario con las comunidades, estas pueden organizarse para vender el excedente a las redes y generar ingresos adicionales. Resultados y conclusiones Los fundamentos teóricos analizados y las experiencias descritas en este trabajo constituyen una evidencia de que el turismo rural comunitario y las fuentes de energías renovables pueden funcionar como una apuesta conjunta que contribuye al objetivo de desarrollo humano sostenible de las comunidades del sector rural pero también pueden causar conflictos si no se tienen en cuenta las cinco dimensiones de la sostenibilidad. Colombia se enfrenta a ciertos retos como los son: la promoción de la producción sostenible de biocombustibles, la apertura y aprovechamiento de los mercados externos a partir del establecimiento de una industria competitiva a nivel internacional, el incremento de la productividad de los biocombustibles en toda la cadena productiva, la regulación de precios con el propósito de incentivar la producción eficiente de biocombustibles, la reducción del consumo de combustibles fósiles y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia del uso de biocombustibles líquidos, siempre y cuando el ciclo completo muestra una disminución de estos gases. Para dichos retos identificados, se recomienda implementar estrategias orientadas a generar condiciones de mejoramiento y eficiencia en la productividad de la agroindustria de los biocombustibles, de manera social, económica y ambientalmente sostenibles, a través del fortalecimiento de la coordinación entre las entidades gubernamentales que tienen injerencia en el desarrollo de la industria de los biocombustibles, mediantes la creación de la comisión intersectorial para el manejo de biocombustibles. Bajo ese marco, varios aspectos deben tenerse en cuenta con el fin de proteger los ecosistemas: Zonas de reservas y santuarios: El cultivo de caña de azúcar, ya tuvo en el pasado ese efecto de desplazamiento de zonas de reserva forestal como puede corroborarse en el departamento del Valle del Cauca entre los años 1940 y 1980 (CENSAT, PCN, ECOFONDO, 2008). Promover la diversificación productiva, no a la homogeneización: Los impactos ambientales son negativos debido a la homogenización de la producción. La oportunidad de cultivar biocombustibles debe aprovecharse para saltar del monocultivo hacia una estrategia de policultivos, que además de brindar más productos, permita aprovechar las simbiosis existentes en la naturaleza con posibles ahorros en la producción y menores riesgos de enfermedad (Fonseca, 2006, pág. 3). Mayores controles a la tala de bosques indiscriminada: el cultivo de biocombustibles se asocia con la destrucción masiva de bosques, el papel que juegan estos ecosistemas en cuanto a la seguridad alimentaria y la contribución para aminorar el efecto del cambio climático son bastante destacados en América Latina y el Caribe (CEPAL, FAO IICA, 2013, pág. 83). Colombia cuenta con gran cantidad de bosques, hace parte del llamado pulmón del mundo y cuenta con zonas que son de alta producción de oxígeno, la necesidad de proteger estas zonas son énfasis especial tanto del gobierno local como del mundo entero que ven en países como este la oportunidad de redimir el daño antes causado. Estructura normativa clara y específica concerniente al pago por servicios ambientales: La captación de recursos mediante el pago por los servicios ambientales de los bosques, tal y como lo indica el informe Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural de las Américas, una mirada hacia América Latina y el Caribe (CEPAL, FAO IICA, 2013, pág. 85) “constituye una oportunidad para valorarlos, mejorar la rentabilidad de las actividades forestales, así como también para promover un manejo sustentable, y de esta manera, evitar que se continúen deteriorando.” Ante este escenario, se requieren que las autoridades de nivel departamental y local afronten el compromiso de diseñar e implementar una política pública en materia de biocombustibles que tenga como objeto básico el ordenamiento de la actividad productiva agrícola, en aras de garantizar la oferta básica alimentaria de la población rural y la oferta de bienes y servicios ambientales con potencial, por ejemplo, para el turismo. Vale anotar que lo expuesto a lo largo de este trabajo, deja entrever la gran complejidad que entraña el desarrollo humano y sostenible en contextos rurales, pues los incentivos que se generan para impulsar éste, pensando en el incremento de los ingresos del habitante local, pueden resultar, al mismo tiempo, nocivos en términos de la riqueza natural y cultural del territorio rural y, por ende, en las otras posibilidades de servicios a ofrecer como el turismo de naturaleza o el ecoturismo. El desafío consiste en mejorar las disyuntivas y encontrar criterios de complementariedad en las diferentes iniciativas que el gobierno ha generado para incentivar la mejora de las condiciones de vida de la población rural. Estructura normativa clara y específica concerniente a la producción de biocombustibles teniendo en cuenta el análisis de ciclo de vida completo y las condiciones reales de las familias en los territorios rurales (Maza, Jiménez, & Herrera, 2017): - La formulación e implementación de programas que impulsen y estimulen a la economía campesina y en especial a la producción de alimentos, que permitan aumentar la oferta de bienes básicos alimenticios a nivel local, regional y nacional. Según la FAO1, la agricultura familiar y a pequeña escala está fuertemente ligada a la seguridad alimentaria mundial, mediante el rescate de los alimentos tradicionales y contribuyendo a una dieta balanceada. En adición, este modelo de producción permitiría generar dinamismo en las economías locales y en el mejoramiento de los ingresos familiares. Como parte de esta estrategia, se deben diseñar mecanismos que permitan dotar de medios de producción, de infraestructura física de transporte y comunicaciones, el fortalecimiento de la infraestructura de riego, de acopio, almacenamiento y comercialización, de recursos de crédito y de otros medios de financiación, para las familias productoras de alimentos. Para lo anterior, sería importante tener en cuenta experiencias exitosas a nivel regional, tales como la Finca Montemariana, que propugna por la producción de cultivos ancestrales con especial énfasis en cultivos agroalimentarios. - - Definir los territorios con capacidades para la producción agrícola y de alimentos, con el fin de evitar conflictos por uso de suelo y determinar las zonas con capacidad de producción específica para el cultivo de palma –frontera agrícola focalizada. - Desarrollar mecanismos de control y ordenamiento del uso de suelo agrícola, definiendo la frontera agrícola para el municipio de María La baja, con el fin de evitar conflictos con otros ecosistemas. - Mecanismos para la restructuración económica de predios en condiciones de improductividad, ociosas o inadecuadamente explotadas, con beneficios tributarios para aquellos que sean efectivamente reconvertidos en cultivos básicos alimentarios, o mediante un impuesto específico para predios rurales con capacidad de uso significativa pero que no registre explotación alguna. Parte de los esfuerzos que se tienen que realizar en esta materia pasa por la actualización del catastro rural –María La Baja tiene su estado catastral rural vigente según el atlas de la propiedad rural de Colombia-, y por la identificación de los usos productivos en los predios rurales a nivel local- se espera que el censo agropecuario permita estos efectos-. Es de destacar que el gobierno nacional ha presentado propuestas encaminadas al aprovechamiento de los terrenos baldíos, como es el caso de la Ley 133 que pretende modificar dos artículos de la Ley 160 de 1994, en materia de la adjudicación y uso de 1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura los terrenos baldíos. Sin embargo, estas propuestas no han sido acogidas por las instancias aprobatorias debido a problemas con el enfoque y a los posibles vacíos jurídicos y legales que pueda tener. - Fortalecer los planes departamentales y municipales de seguridad alimentaria, acordes con las últimas mediciones municipales de vulnerabilidad y riesgos para la seguridad alimentaria y coherente con las canastas básicas recomendadas para la región. El departamento de Bolívar diseñó su Plan Departamental de Seguridad Alimentaria 2013-2019 –llamado zambapalo en lengua palenque-, documento en el cual se presentan los resultados del mapeo y análisis de la vulnerabilidad para la seguridad alimentaria del departamento de Bolívar. Sin embargo, los esfuerzos estratégicos y de programas efectivos son aun incipientes desde la institucionalidad local y departamental en aras de combatir los altos niveles de inseguridad alimentaria desde el punto de vista de vulnerabilidad y riesgos. - Incentivar la diversificación de cultivos para los productores de cultivos energéticos como la palma de aceite, ya sea en sus unidades productivas o a través de mecanismos de compensación por uso de suelos con aptitud agrológica para cultivos básicos o por sustitución de cultivos alimentarios. Esta estrategia busca que se establezca una compensación de proporción uno a uno –en la medida de las posibilidades- en referencia a cultivos de palma que hayan sido establecidos en predios donde se registre producción de cultivos básicos alimenticios en, al menos, tres años antes de la introducción de este monocultivo. - Incluir como parte de los programas académicos en las instituciones técnicas agropecuarias del municipio, cátedras encaminadas a la producción sostenible de cultivos agrícolas y a la medición del impacto de cultivos energéticos a nivel económico, social, ambiental y fitosanitario. Adicionalmente, se debe propugnar por capacitar a los productores de palma de aceite sobre los riesgos inherentes a la producción de palma de aceite y su impacto en materia económica, social y ambiental. Los lineamientos expresados con anterioridad serían coherentes desde el punto de vista institucional, ya que su alcance se enmarca dentro de la Constitución Política de Colombia23 (DNP, 2014a), también se encuentran en línea con las bases fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (DNP, 2014a), que establece entre sus objetivos, los siguientes: - Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos urbano y rural, mediante el desarrollo integral del campo como garantía para la igualdad de oportunidades. - Garantizar el bienestar de las comunidades rurales (campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales) - Promover el desarrollo local sostenible de las zonas más afectadas por el conflicto - Reducir el hambre y la malnutrición de toda la población colombiana, en especial la más pobre, vulnerable y grupos étnicos Para implementar los lineamientos descritos, se necesitará del apoyo primordial de la institucionalidad local en los territorios que sean susceptibles de su aplicación -para este caso puntual, la Alcaldía municipal de María La Baja- que por mandato constitucional tienen el deber de diseñar, ejecutar y hacer seguimiento y control a las políticas públicas con enfoque local. Igualmente, entre los diferentes actores públicos y privados con presencia regional que pueden aportar sus conocimientos y esfuerzos técnicos y científicos, se destacan el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, las instituciones de educación superior y las gobernaciones. A nivel nacional es preponderante el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre otras. 2 Artículo 64 de la constitución política de Colombia establece que “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fín de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos” 3 El Articulo 65 de la constitución política de Colombia establece que “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de aumentar la productividad”.