El arbitraje en el sector público. ¿un extraño invitado?

Resumen

Esta tesis doctoral analiza la viabilidad de la utilización del arbitraje en las controversias del sector público español, partiendo de la base de que el consentimiento de las entidades públicas no se prestaría caso a caso, sino que se hallaría previsto en la ley. Se defiende que ni la distinción entre derecho público y derecho privado, ni la autotutela administrativa, ni la existencia de un orden jurisdiccional contencioso-administrativo constituyen por ellas mismas una barrera infranqueable para el arbitraje público. Esta institución, que está orientada a mejorar la realización del derecho a la tutela efectiva de derechos e intereses legítimos, resulta conforme a los principios y reglas constitucionales aplicables, que incluyen el principio de legalidad de la actuación administrativa y la garantía de que la misma esté sometida a un control jurídico externo e independiente. Sin embargo, se propone que se apruebe una ley general de arbitraje público en aras de una mayor seguridad jurídica. En este contexto, debe ser el legislador quien determine en qué ámbitos del sector público puede acudirse al arbitraje, a partir de consideraciones de oportunidad. Se sugieren tres criterios orientativos para llevar a cabo esta tarea: primero, el riesgo de que se desarrolle un procedimiento arbitral sin el consentimiento de todas las partes implicadas; segundo, la necesidad de contar con jurisprudencia; y, tercero, el mayor grado de rendición de cuentas democráticas que requieren ciertos asuntos. Finalmente, la tesis se refiere a las cuestiones principales que debería abordar una ley general sobre el arbitraje público.