La reclamación por daños urbanísticos entre Administraciones públicas

  1. Fernández García, José Francisco 1
  1. 1 Universidad de Oviedo
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    Universidad de Oviedo

    Oviedo, España

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Revista:
Revista de administración pública

ISSN: 0034-7639

Año de publicación: 2021

Número: 216

Páginas: 293-321

Tipo: Artículo

DOI: 10.18042/CEPC/RAP.216.10 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

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Resumen

La anulación de un plan general de urbanismo puede obedecer a causas diversas, entre ellas la acción descuidada de una Administración u organismo público distintos de aquella que ha impulsado la aprobación de ese instrumento. Partiendo del estudio de la doctrina judicial aplicable, se analizan en este artículo los mecanismos para obtener el resarcimiento de los daños producidos por ese motivo y, de manera especial, la posibilidad de que una Administración pública puede ejercitar frente a otra la acción de responsabilidad patrimonial en el ámbito urbanístico. Así mismo, se examina hasta qué punto la teoría de la actio nata puede verse modulada en estos supuestos y cómo han de concurrir los requisitos de fondo para que pueda verse reconocida la pretensión de resarcimiento. A tal efecto, se aborda cómo la falta de motivación de un acuerdo puede derivar en un daño antijurídico; qué posibles títulosde imputación pueden concurrir en estos casos, más allá del propio ejercicio de la potestad urbanística; o cómo el nexo entre la acción y el daño patrimonial sufrido puedemantenerse vivo cuando la anulación de un plan obedece a causas externas y sobrevenidas a este.

Referencias bibliográficas

  • J. A. Chinchilla Peinado (1998), «Urbanismo y responsabilidad patrimonial», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 162, págs. 55-106;
  • R. R. Galán Vioque (2002), «La anulación de un plan urbanístico como fuente de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas», Revista Andaluza de Administración Pública, 46, págs.
  • J. F. Fernández García (2016), «La anulación de los planes urbanísticos por causas externas y sobrevenidas», Revista Española de Derecho Administrativo, 181, págs. 417-450;
  • T.-R. Fernández Rodríguez (2017), «El contencioso urbanístico y su necesaria reforma», Revista de Administración Pública, 203, págs. 137-162;
  • J. R. Fernández Torres (2017), «La paradoja de la insuficiencia de recursos hídricos hunde el Plan General de Santander. A propósito de la STS de 8 de noviembre de 2016», Revista de Administración Pública, 203, págs. 165-183
  • J. Barcelona Llop (2000), «La acción de regreso en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común», Revista Española de Derecho Administrativo, 105, págs. 37-57;
  • J. Junceda Moreno (2014), «La acción de repetición o regreso en materia de responsabilidad en el ámbito municipal», La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 5, págs. 61-66;
  • C. Saura Fructuoso (2015), «La ignota acción de regreso de la administración en la era de la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad», Documentación Administrativa, 2
  • J. Fernández-Corredor Sánchez-Diezma (2016), «Responsabilidad patrimonial de una Administración pública frente a otra (Comentario a la STS de 16 de marzo de 2016)», CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, 185, págs. 187-192.
  • T. Cano Campos (2019), «El comienzo del plazo para reclamar los daños causados por la Administración: el tópico de la «actio nata»», Revista de Administración Pública, 210, págs. 175-216;
  • R. Perera Mezquida (2019), «Teoría de la actio nata y la interrupción del plazo de prescripción en materia de responsabilidad patrimonial», en F.J. Bauzá Martorell (coord.), Doctrina consultiva: a propósito del 25 aniversario del Consejo Consultivo de las Illes Balears, págs. 689-712;
  • C. Romero Rey (2011), «Dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad patrimonial derivadas de la anulación jurisdiccional de un acto o disposición administrativa», Actualidad Administrativa, 8, págs. 1 y ss.
  • A. L. Vidal Alonso (2019), «Aproximación al concepto de perjuicio patrimonial», Revista de Estudios de la Justicia, 30, págs. 111-149;
  • S. González-Varas Ibáñez (2017), «Presupuestos de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en la LRJSP 40/2015», Actualidad Administrativa, 5.
  • T. R. Fernández (2018), «¿Existe un deber jurídico de soportar los perjuicios producidos por un acto administrativo declarado nulo por sentencia firme?», Revista de Administración Pública, 205, págs. 221-237.
  • R. Fontela Guío (2002), «Responsabilidad patrimonial de la administración autonómica. Nexo causal. Causa eficiente o adecuada», CEFLegal: Revista Práctica de Derecho. Comentarios y casos prácticos, 12
  • A. Embid Irujo (1995), «Régimen jurídico de las obras hidráulicas: planteamientos generales», en A. Embid Irujo (coord.), Las obras hidráulicas, págs. 25-76;
  • S. Martín-Retortillo Baquer (2000), «La reforma de la Ley de Aguas: (ley 46/1999, de 13 de diciembre)», en A. Embid Irujo (coord.), Las obras hidráulicas, págs. 35-86.
  • V. E. Ruiz Díaz (2019), «Responsabilidad patrimonial: la ruptura del nexo causal. La intervención de la víctima en la producción del daño», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, 4, págs. 99-109.
  • 40 Véase ECLI: ECLI:ES:TS:2009:6594. 41 Véase J. Galán Cáceres (2015), «Responsabilidad patrimonial de la Administración: Principio de confianza legítima en la actuación de la Administración: (Comentario a la STS de 31 de octubre de 2014)», CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, 170, págs. 137-141;
  • L. Medina Alcoz (2006), «Confianza legítima y responsabilidad patrimonial», Revista Española de Derecho Administrativo, 130, págs. 275-326.
  • J.F. Fernández García (2011), «La declaración de interés general de las obras hidráulicas y su incidencia sobre la obligación de tratamiento de las aguas residuales vertidas a los ríos», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 19, I, pág. 136.
  • C. Xiol Ríos (2015), «Conservación de los actos de aplicación tras la anulación de una figura de planeamiento: planeamiento. Actos de gestión», La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 7, págs. 133-138.
  • J. D. Sanz Heredero (2016), «Consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad de los instrumentos de planeamiento sobre las licencias urbanísticas y situación jurídica de los terceros adquirentes afectados», Práctica urbanística: Revista mensual de urbanismo, 141;
  • VV. AA. (2008), «Anulación por Sentencia de un Plan General: efectos sobre los actos y acuerdos dictados a su amparo», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, 14, págs. 2459- 2460;
  • A. Alonso Clemente (2012), «Responsabilidad patrimonial derivada de las potestades administrativas en materia de urbanismo», Práctica urbanística: Revista mensual de urbanismo, 113, págs. 68-88.
  • J. A. Doral García de Pazos (2013), «El exceso de Derecho Civil (a propósito del art. 1124 del C.Civ.)», en J. J. Rams Albesa (coord.), Estudios de derecho civil, pgas. 445-470;
  • J. J. Pintó Ruiz (2011), «Estudio sobre el art. 1124 del C.Civ.», Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, págs. 535-590;
  • M. E. Clemente Meoro (2011), «Artículo 1124. Facultad de resolver las obligaciones», en R. Valpuesta Fernández y A. Cañizares Laso (dirs.), C.Civ. comentado, Vol. 3, (Libro IV. De las obligaciones y contratos. Teoría general de la obligacion y el contrato (Artículos 1088 a 1444), págs. 229-239.
Fuente de los datos: Dialnet