Consumo de agua en el sector turístico y planificación hidrológica en la isla de Tenerife

Abstract

Los edificios volcánicos que conforman las Islas Canaria poseen acuíferos diferenciados y complejos, tanto por el tamaño de estas construcciones insulares, como por sus características geológicas, por la posición geográfica de cada una de las islas o por la elevación de sus relieves desde los 600 m de altitud, en el caso de Lanzarote, hasta más de 3.700 m en el de Tenerife. Debido a la diversa combinación de las anteriores variables, la producción de agua de las Islas Canarias a principios del siglo XX era escasa y variaba desde las minúsculas cantidades recogidas en los aljibes de El Hierro, las casi simbólicas de las maretas en Lanzarote y de los pequeños pozos salobres de Fuerteventura, hasta los 53 hm3 procedentes de los manantiales de Gran Canaria, pasando por los 26 hm3 de La Palma, los 20 hm3 de Tenerife y los 6 hm3 de La Gomera. La escasez general de recursos hídricos impulsó desde el pasado la creación de sistemas agrarios característicos de la aridez y la construcción de obras de almacenamiento para las aguas de escorrentía; con posterioridad y hasta los años ochenta del siglo pasado, se ha promovido por parte de la iniciativa privada la búsqueda de agua en el subsuelo, a la par que el desarrollo técnico y los recursos financieros lo han posibilitado, para incrementar la superficie del regadío, promover el desarrollo socioeconómico y mejorar el abastecimiento urbano; y más recientemente, a partir de los años sesenta y setenta, como consecuencia de la carencia de agua de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y del agotamiento relativo de los acuíferos en Gran Canaria y Tenerife, se ha introducido por parte de la Administración la desalación de agua de mar y la depuración de aguas residuales, con la finalidad de hacer frente a la creciente demanda de los sectores turístico y urbano, y resolver los problemas ambientales derivados del saneamiento de las ciudades. Esta última etapa ha supuesto importantes inversiones públicas, cambios legislativos notables y la necesaria inclusión de la planificación hidrológica a escala insular.